Universidad Autónoma responde a denuncia del Gobierno Regional por convenios en La Araucanía
La Universidad Autónoma de Chile respondió públicamente a las declaraciones del gobernador regional de La Araucanía, René Saffirio, luego de que la autoridad presentara una denuncia ante el Ministerio Público por eventuales delitos asociados a convenios suscritos entre el Gobierno Regional y la casa de estudios.
La acción fue presentada luego de conocerse el Informe Final de Auditoría N.º 744 de la Contraloría General de la República, que examinó programas ejecutados mediante convenios entre ambas instituciones.
Según informó el Gobierno Regional, entre las observaciones contenidas en el informe se encontrarían proyectos registrados como ejecutados y rendidos que no se habrían materializado, pese a contar con documentación asociada a su supervisión e informes finales.
También se mencionan 73 facturas posteriormente anuladas mediante notas de crédito por $127,5 millones y otros $134,1 millones en saldos no rendidos, entre diferentes observaciones detectadas durante la auditoría.
El gobernador René Saffirio sostuvo que la gravedad de los antecedentes llevó a la propia Contraloría a disponer la remisión de su informe al Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, el Servicio de Impuestos Internos y la Cámara de Diputadas y Diputados, ante la posibilidad de que algunos hechos pudieran revestir caracteres de delito.
Tras recibir el documento, el pasado 4 de agosto, Saffirio instruyó además la realización de dos sumarios administrativos y presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que se investiguen eventuales responsabilidades.
Universidad Autónoma responde a los cuestionamientos
A través de una declaración pública, la Universidad Autónoma precisó que participó como entidad ejecutora de 12 programas correspondientes a diez convenios suscritos con el Gobierno Regional de La Araucanía. Según explicó la institución, las iniciativas estaban relacionadas con reactivación económica, apoyo a MIPYMES, desarrollo de zonas rezagadas, transferencia tecnológica, innovación productiva y turismo.
La universidad recalcó que la definición de las materias, priorización, asignación de recursos y aprobación de los respectivos convenios correspondieron al Gobierno Regional.
Uno de los principales puntos abordados por la institución fue la cifra cercana a los $21 mil millones que ha sido mencionada a propósito de los convenios investigados.
La casa de estudios aseguró que ese monto corresponde al total de los recursos transferidos para ejecutar los convenios examinados y que no representa una cantidad que Contraloría haya determinado como defraudada, no rendida o utilizada irregularmente.
Asimismo, abordó los cerca de $6.929 millones que aparecían como pendientes de rendición, señalando que esa cifra corresponde a un corte realizado al 30 de junio de 2024 y que no reflejaría la situación actual, ya que posteriormente continuaron presentándose antecedentes.
Según la universidad, actualmente cuatro de los 12 programas, correspondientes a aproximadamente $1.750 millones, cuentan con cierre formal por parte del Gobierno Regional. Los ocho restantes, por cerca de $19.870 millones, estarían ejecutados y sus rendiciones ya habrían sido presentadas, aunque todavía se encuentra pendiente la revisión y cierre administrativo por parte de la autoridad regional.
La institución también afirmó que para la ejecución de los programas se utilizaron cuentas bancarias exclusivas para cada proyecto, además de mecanismos internos de control de gastos, revisión jurídica de contratos y documentación de respaldo.
“El informe no establece que la Universidad haya cometido los delitos”
Respecto de las observaciones formuladas por Contraloría, la Universidad Autónoma señaló que se encuentra analizándolas mediante los canales institucionales correspondientes.
Además, enfatizó que las observaciones detectadas no comprenderían la totalidad de los programas ni de los recursos transferidos y rechazó que del informe pueda desprenderse directamente la comisión de los delitos mencionados públicamente.
“El informe no establece que la Universidad Autónoma de Chile haya cometido los delitos mencionados públicamente. La determinación de eventuales responsabilidades corresponde exclusivamente a los organismos competentes”, sostuvo la institución.
Finalmente, la Universidad Autónoma manifestó su disposición a colaborar con Contraloría, el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y los demás organismos que intervengan en las investigaciones, comprometiéndose a entregar los antecedentes que sean requeridos.
De esta manera, los cuestionamientos contenidos en el informe de Contraloría y los antecedentes denunciados por el Gobierno Regional quedarán ahora sujetos a los procedimientos administrativos y a las investigaciones correspondientes para determinar si existen eventuales responsabilidades.