Tribunal condena al Servicio de Salud Araucanía Sur a pagar $20 millones a funcionario del Hospital de Padre Las Casas
El tribunal laboral acreditó una vulneración de derechos fundamentales al interior del Hospital de Padre Las Casas, en el marco de un sumario administrativo que se extendió durante casi tres años y que finalmente terminó con la absolución del funcionario involucrado.
A raíz de estos hechos, el Servicio de Salud Araucanía Sur fue condenado al pago de una indemnización de $20 millones por concepto de daño moral, luego de que la justicia acogiera una demanda de tutela de derechos fundamentales presentada en representación del trabajador.
De acuerdo con los antecedentes entregados por la defensa, el funcionario permaneció sometido al procedimiento administrativo durante cerca de tres años. Inicialmente, el sumario terminó con una sanción en su contra, pero posteriormente esta fue dejada sin efecto y el trabajador resultó absuelto.
El abogado del Estudio Defensur, Nicolás Yáñez, quien intervino en la causa, explicó que el tribunal determinó que durante el proceso existió una afectación a la honra del funcionario y un perjuicio de carácter moral, considerando además antecedentes relacionados con una enfermedad profesional.
“El tribunal laboral consideró que se había afectado su honra, que le había provocado un daño moral, sumado también a que tiene una enfermedad profesional, y por tanto condenó al Servicio de Salud a pagar la suma de los $20 millones”, señaló el abogado.
Restitución de remuneraciones y capacitaciones
Además de la indemnización, entre las medidas establecidas se encuentra la restitución del 50% de las remuneraciones que habían sido retenidas durante diez meses, según los antecedentes proporcionados por la defensa.
La resolución también contempla medidas destinadas al propio Servicio de Salud. Entre ellas, se ordena capacitar a funcionarios encargados de instruir procedimientos disciplinarios en materias relacionadas con debido proceso, procedimientos administrativos, sumarios y perspectiva de género.
Según explicó Yáñez, esta capacitación deberá contemplar al menos 100 horas e incluir contenidos relacionados con la denominada Ley Karin.
Asimismo, entre las medidas señaladas por la defensa se contempla la realización de procedimientos administrativos respecto de quienes participaron en la tramitación del sumario que dio origen al caso.
El tribunal también dispuso la remisión de antecedentes a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público, para que ambos organismos puedan determinar, dentro de sus respectivas competencias, si corresponde adoptar nuevas medidas o investigar eventuales responsabilidades.
Pese a la resolución favorable al trabajador en esta instancia, la sentencia todavía no se encuentra firme ni ejecutoriada, por lo que el proceso judicial aún podría continuar mediante los recursos legales correspondientes.