Secretario Municipal de Lautaro arriesga destitución por incumplimiento de funciones y presunta filtración de información confidencial

El secretario municipal de Lautaro, Sergio Zúñiga, enfrenta una compleja situación administrativa tras ser acusado de incumplir sus deberes como ministro de fe, ejercer paralelamente como abogado en causas contra el municipio de Temuco y participar en presuntas filtraciones de información reservada. Diversas organizaciones sociales y funcionarios locales solicitaron la intervención de la Contraloría General de la República para investigar posibles casos de abandono de funciones y conflicto de interés.

Según denuncias de funcionarios y dirigentes sociales, Zúñiga mantiene un retraso significativo en la publicación de las actas del concejo municipal, lo que afecta la transparencia institucional y dificulta el trabajo del propio concejo. A esto se suma la falta de tramitación de personalidades jurídicas de múltiples organizaciones comunitarias, algunas de las cuales llevan años esperando respuesta para poder acceder a financiamiento público y operar legalmente.

Las críticas también apuntan al ejercicio paralelo de la abogacía, ya que Zúñiga habría participado en causas judiciales en contra del municipio de Temuco, situación considerada incompatible con sus funciones actuales. Esta doble actividad, que se remontaría a su época como candidato a concejal por esa comuna, genera cuestionamientos sobre su compromiso y disponibilidad para cumplir sus labores en Lautaro.

A las denuncias administrativas se suma una grave acusación por presunta filtración de información confidencial. Funcionarios municipales —que solicitaron mantener su identidad en reserva— afirman que Zúñiga habría facilitado documentos relacionados con los gastos de viaje del concejal Ortiz a Colombia, entregándolos a terceros con el propósito de que fueran difundidos en redes sociales y medios de comunicación.

Ante la acumulación de antecedentes, trabajadores municipales y organizaciones sociales de Lautaro solicitaron a la Contraloría revisar el actuar del funcionario y determinar si corresponde su destitución o sanción disciplinaria.

La comunidad lautarina exige mayor transparencia y responsabilidad pública, advirtiendo que la permanencia de un funcionario bajo sospecha “pone en riesgo la confianza institucional, el desarrollo local y la convivencia democrática”.