Polémica por rebajas de condena a agresores sexuales de menores: cinco proyectos buscan restringir beneficios
Una fuerte controversia se instaló en el Congreso Nacional luego de conocerse que 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad recibieron rebajas de condena entre marzo y septiembre de 2026, situación que motivó el anuncio de cinco iniciativas legislativas destinadas a restringir estos beneficios.
La polémica apunta al Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat, que ha defendido las decisiones argumentando que responden a la interpretación de la Corte Suprema sobre la aplicación de la Ley 19.856, normativa que contempla reducciones de condena por comportamiento sobresaliente.
Aunque la legislación fue modificada en 2022 para excluir de este beneficio a condenados por determinados delitos sexuales contra menores, el máximo tribunal ha establecido en diversos fallos que esa restricción no puede aplicarse retroactivamente a hechos cometidos antes de su entrada en vigencia.
Frente a este escenario, parlamentarios del oficialismo y la oposición comenzaron a impulsar propuestas para modificar las reglas. Desde Renovación Nacional, una iniciativa encabezada por la diputada Ximena Ossandón busca que las rebajas se rijan por la legislación vigente al momento de resolver su otorgamiento, además de contemplar la revisión de determinados beneficios concedidos anteriormente.
Por su parte, la diputada Emilia Schneider, del Frente Amplio, anunció un proyecto para impedir que condenados por delitos sexuales contra menores accedan a reducciones mediante interpretaciones de la normativa anterior a 2022.
En el Senado, Arturo Squella informó de una propuesta transversal junto a Andrés Longton, Iván Flores, Karim Bianchi y Pedro Araya, mientras que la diputada Marlene Pérez planteó extender la prohibición a delitos cometidos antes de la reforma de 2022.
A estas iniciativas se suma la propuesta de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, que busca eliminar una excepción contemplada en la Ley 19.856 y establecer mayores exigencias de fundamentación y control. A diferencia de otras propuestas, parte de sus modificaciones tendría efectos únicamente hacia el futuro.
Sin embargo, uno de los principales desafíos es determinar si las nuevas restricciones pueden aplicarse a delitos anteriores a 2022, considerando las limitaciones constitucionales relacionadas con la retroactividad de normas penales desfavorables.
Otro punto que ha generado cuestionamientos es que las 56 solicitudes fueron acogidas administrativamente, sin que los condenados tuvieran que recurrir previamente a tribunales para obtener el beneficio.
La controversia también ha aumentado la presión política sobre el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Desde el Partido Comunista se planteó inicialmente una interpelación, aunque posteriormente se optó por priorizar una sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados para abordar el caso.
Pese a la coincidencia entre distintos sectores políticos respecto de restringir estos beneficios, todavía existen diferencias sobre los mecanismos jurídicos para hacerlo y sus posibles efectos sobre las reducciones ya concedidas.
Por ahora, no está confirmado que las cinco iniciativas anunciadas hayan ingresado formalmente a tramitación legislativa. Mientras tanto, continúa abierto el debate sobre la legalidad de los beneficios otorgados, las responsabilidades administrativas y la posibilidad de establecer nuevas restricciones que resulten jurídicamente viables.