¿Licencias para descansar o para viajar? Municipios del sur entre los más cuestionados por fraude

Una investigación penal de oficio fue abierta por la Fiscalía Oriente, luego de que la Contraloría General de la República revelara que más de 25.000 funcionarios públicos realizaron casi 60.000 viajes al extranjero mientras se encontraban con licencia médica entre 2023 y 2024.

El informe, parte del noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC), identificó a funcionarios de distintos organismos del Estado, entre ellos municipalidades, como parte de los posibles responsables de un fraude al fisco. Entre los casos, destacan varias comunas de las regiones de La Araucanía y Los Ríos, cuyos datos fueron revelados por fuentes oficiales:

1. Temuco: 342 licencias, lugar 12 a nivel nacional
2. Villarrica: 181 licencias, lugar 43
3. Valdivia: 164 licencias, lugar 49
4. Pucón: 131 licencias, lugar 66
5. Padre Las Casas: 109 licencias, lugar 83
6. Pitrufquén: 82 licencias, lugar 110
7. Victoria: 73 licencias, lugar 122
8. Lautaro: 44 licencias, lugar 170
9. Freire: 57 licencias, lugar 154
10. Loncoche: 37 licencias, lugar 203
11. Gorbea: 37 licencias, lugar 206

Estas cifras posicionan a algunas comunas entre las más involucradas del país en cantidad de licencias médicas utilizadas durante viajes al extranjero.

Debido a la gravedad de los antecedentes, el fiscal nacional Ángel Valencia designó a la Fiscalía Oriente, dirigida por Lorena Parra, para encabezar la causa. Esta se suma a una investigación ya existente por emisión fraudulenta de licencias médicas, liderada por el fiscal Álvaro Pérez.

Según la indagatoria, se estarían cometiendo posibles delitos de fraude al fisco, uso malicioso de instrumento público y falsificación ideológica y material de licencias. Además, se investiga a médicos que habrían emitido licencias falsas o incluso a sí mismos, incluyendo un caso emblemático de un profesional del área de salud.

"Podemos estar en presencia de delitos que involucran no solo a funcionarios públicos, sino también a profesionales de la salud que vulneraron gravemente la fe pública y los recursos del Estado", afirmó el fiscal Pérez.

En el informe, la Contraloría también detalla que el 69% de las licencias corresponde a beneficiarios de Fonasa, y el resto a afiliados a distintas isapres. El promedio de duración de cada licencia fue de 17 días.

Las autoridades han reiterado que se aplicarán penas de cárcel y multas severas para quienes resulten responsables, con énfasis en la recuperación de los fondos públicos defraudados.