Gobierno defiende cierre de brazo de río hacia Lago Caburgua para asegurar derechos de agua

El Gobierno respaldó la decisión de la Dirección General de Aguas (DGA) de cerrar el brazo del río Trafampulli que desemboca en el Lago Caburgua, en la región de La Araucanía. La medida, según la autoridad, busca resguardar el cauce natural del torrente y garantizar el uso de agua a quienes poseen derechos de aprovechamiento, catalogándolo como un “deber del Estado”.

La acción será ejecutada mediante la reconstrucción de un pretil en el Estero La Cascada, canal por donde actualmente escurre parte del agua hacia el conocido lago de Pucón. De acuerdo con la DGA, este brazo no corresponde al curso natural del río Trafampulli y su recuperación permitirá restituir el flujo hacia su destino principal: el Lago Colico, en la comuna de Cunco.

El delegado presidencial de La Araucanía y exdirector de la DGA, Eduardo Abdala, informó que solo cerca del 4% del caudal del estero La Cascada llega a Caburgua. Añadió además que se instalaron 11 puntos de medición para comprobar esta situación. Abdala enfatizó que el cierre responde a la obligación del Estado de asegurar que el río Trafampulli dirija su flujo a quienes poseen derechos de agua.

Sin embargo, la decisión no ha sido bien recibida por las comunidades del sector. El werkén del Lof Marta Cayulef y vocero de la Mesa Técnica Territorial, Carlos Quiñenao Colimán, acusó a las autoridades de “vender el agua de Caburgua”, generando preocupación entre los vecinos por el eventual impacto ambiental y cultural.

El delegado explicó que, en años anteriores, cuando el pretil existía y el caudal del Trafampulli aumentaba, el agua se desviaba hacia un humedal antes de caer en dirección a Caburgua. Por ello, aseguró que el Gobierno está abierto a discutir alternativas que permitan “resguardar la caída de agua” al lago, sin afectar los derechos existentes.

Abdala también reveló que en La Araucanía existen 4 millones 500 mil litros por segundo asignados mediante derechos consuntivos y no consuntivos que hoy no están siendo utilizados. El nuevo Código de Aguas establece que, en estos casos, dichos derechos pueden caducar en un plazo de 5 a 10 años.