Gobernador Saffirio Presenta Querella por Fraude al Fisco contra Luciano Rivas

El Gobernador Regional de La Araucanía, René Saffirio, presentó una querella por fraude al Fisco en contra de su antecesor, Luciano Rivas, y varios exfuncionarios del Gobierno Regional (GORE), en relación con la contratación de un cuestionado estudio de percepción ciudadana financiado con recursos públicos.

De acuerdo con información de Radio Bío Bío, la acción judicial se basa en una serie de irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República, así como hallazgos derivados de una investigación interna encabezada por el actual equipo del GORE.

Investigación por estudio de imagen financiado con fondos públicos

El objeto de la querella es la contratación de servicios a la empresa “Ananda Comunicaciones”, cuyo encargo principal fue realizar una "evaluación de percepción ciudadana" sobre diversos aspectos de la imagen pública del exgobernador Luciano Rivas, incluyendo su posicionamiento electoral y hasta temas anecdóticos como la reacción ciudadana tras el corte de su barba.

Según lo señalado por el gobernador Saffirio, este contrato fue financiado con fondos públicos del Gobierno Regional, situación que a su juicio configura un uso indebido de recursos fiscales con fines personales o políticos.

Querella alcanza a exfuncionarios y consultora privada

La querella no solo involucra a Luciano Rivas, sino también a Juan Pablo Leonelli Lepín (exjefe de gabinete), Iván Soriano (exjefe de la división de administración y finanzas), y Carlos Badilla (exasesor del GORE).

Adicionalmente, se presentó una querella por estafa contra Constanza Díaz Romero, gerente general de Ananda Comunicaciones, firma contratada para ejecutar el estudio.

Contraloría exige devolución de fondos

La Contraloría General de la República determinó que cerca de $100 millones fueron traspasados a la consultora, y ordenó la restitución inmediata de aproximadamente $50 millones, considerados gastos improcedentes.

El gobernador Saffirio afirmó que esta acción judicial busca resguardar los intereses del Estado y la probidad administrativa, señalando que no permitirá el uso de recursos fiscales “para fines ajenos al interés público”.