El Ministerio de Agricultura anunció la aprobación de la nueva Política Nacional de Inocuidad y Calidad Alimentaria 2026–2036, una hoja de ruta estatal que busca fortalecer la seguridad alimentaria, proteger la salud de la población y potenciar la competitividad del sector agroalimentario chileno. La medida fue ratificada por el Consejo de Subsecretarios y Subsecretarias de la Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria (ACHIPIA), en una sesión encabezada por el subsecretario de Agricultura, Alan Espinoza.
Esta política, que regirá durante la próxima década, pone énfasis en anticipar riesgos y enfrentar desafíos como el cambio climático, incorporando sistemas de control más preventivos, mayor trazabilidad en posibles alertas sanitarias y apoyo directo a productores para alcanzar estándares exigidos en mercados nacionales e internacionales. “Esta política no es solo un marco conceptual, sino una orientación práctica para mejorar cómo el Estado previene riesgos, protege la salud de las personas y fortalece la confianza en los alimentos que se producen y consumen en Chile”, señaló Espinoza.
En La Araucanía, el impacto de estas acciones ya comienza a verse. Según el seremi de Agricultura, Carlos Labrín Olave, desde hace tres años se implementa en Padre Las Casas un Acuerdo de Producción Limpia con hortaliceros locales, garantizando alimentos seguros y fortaleciendo la competitividad del rubro. Actualmente, se trabaja con productores de Temuco, Vilcún y Padre Las Casas, mediante capacitaciones técnicas, gestión sostenible del agua y residuos, y monitoreo de indicadores ambientales, todo bajo el enfoque de “Una sola salud”, que articula la relación entre salud humana, animal, vegetal y medioambiental.
El secretario ejecutivo de ACHIPIA, Dionisio Faulbaum, valoró la aprobación, destacando que esta política consolida 20 años de avance institucional y proyecta una mirada común de largo plazo. Paralelamente, entre las prioridades definidas se encuentran avanzar en trazabilidad, combatir el fraude alimentario, modernizar laboratorios y promover una mayor participación regional en la toma de decisiones.
Tras su aprobación, el documento será tramitado por la Secretaría General de la Presidencia para su consideración y eventual firma por parte del Presidente de la República, paso que oficializará su entrada en vigor.
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