Dos gendarmes quedan en prisión preventiva por presunta red que ingresaba elementos prohibidos a cárcel de Collipulli
Dos funcionarios de Gendarmería quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados en el marco de una investigación que busca establecer la existencia de una presunta organización criminal dedicada al ingreso de drogas y otros elementos prohibidos al Centro de Detención Preventiva de Collipulli, en la región de La Araucanía.
La causa contempla a 14 personas investigadas, entre ellas cuatro gendarmes y cuatro internos del recinto penitenciario. El Ministerio Público indaga posibles delitos de tráfico de drogas, cohecho, asociación ilícita e ingreso de elementos prohibidos a la cárcel.
Durante la audiencia de formalización, dos de los funcionarios quedaron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva, mientras que los otros dos deberán cumplir medidas de menor intensidad.
El abogado Ricardo Traipe, quien representa a dos de los gendarmes investigados, señaló a radio Biobío que uno de sus representados quedó con arraigo nacional y firma mensual, mientras que el segundo deberá cumplir arresto domiciliario nocturno.
El defensor cuestionó además los antecedentes presentados por la Fiscalía, sosteniendo que, a su juicio, no serían suficientes para acreditar la participación de sus representados en los delitos investigados. En ese contexto, afirmó que durante la audiencia expusieron una serie de cuestionamientos respecto de la tesis del Ministerio Público, lo que habría sido considerado por el tribunal al momento de resolver las medidas cautelares.
La Fiscalía, en tanto, apeló verbalmente la decisión respecto de uno de los imputados que quedó con arresto domiciliario nocturno. De esta manera, será la Corte de Apelaciones la instancia encargada de determinar si dicha medida se mantiene o es modificada.
La investigación también contempla antecedentes relacionados con presuntos pagos para facilitar el ingreso de elementos al recinto penitenciario. De acuerdo con declaraciones entregadas previamente por el fiscal Carlos Bustos, estos movimientos económicos estarían documentados mediante el levantamiento del secreto bancario.
El persecutor indicó que, según los antecedentes reunidos, el ingreso de aparatos telefónicos al recinto habría implicado pagos que fluctuaban entre los $200 mil y los $400 mil, dependiendo de cada caso.
La investigación continúa en desarrollo con el objetivo de establecer el nivel de participación que habría tenido cada uno de los involucrados y determinar las eventuales responsabilidades penales.