Denuncian Espionaje en Municipalidad de Lautaro: Funcionarios Apuntan al Alcalde Ricardo Jaramillo

Un nuevo escándalo sacude a la Municipalidad de Lautaro, luego de que saliera a la luz una denuncia por presunto espionaje político al interior del municipio. La controversia se desató tras la difusión no autorizada de un video captado por cámaras de seguridad municipales, lo que ha encendido las alarmas sobre la legalidad del uso de estos dispositivos y su eventual utilización con fines políticos.

El alcalde Ricardo Jaramillo ha negado tajantemente cualquier práctica de espionaje. Sin embargo, las acusaciones apuntan directamente al director de Seguridad, Daniel Moraga, a quien se le sindica como responsable de entregar información sensible al jefe comunal. Funcionarios y exfuncionarios aseguran que esta información habría sido obtenida a través de conversaciones privadas registradas en dependencias municipales, y luego utilizada para justificar despidos, lo que podría configurar una grave vulneración a los derechos fundamentales de los trabajadores.

A raíz del escándalo, el municipio inició un sumario administrativo para esclarecer las responsabilidades en la grabación y divulgación del material audiovisual. No obstante, al interior del municipio crece la desconfianza: varios exfuncionarios denuncian haber sido desvinculados tras ser sindicados como simpatizantes del exalcalde Raúl Schifferli, hoy condenado por abuso sexual. Esta situación ha sido interpretada como una posible persecución política, alimentada por una supuesta red de vigilancia liderada desde la propia alcaldía.

Según fuentes cercanas a la investigación, existirían testigos que estarían dispuestos a declarar que el propio alcalde habría solicitado la instalación de cámaras con capacidad de grabar audio, petición que fue rechazada por el entonces director jurídico Raúl Henríquez por considerarla ilegal.

La denuncia no es nueva. Desde hace más de tres meses, funcionarios afectados presentaron antecedentes al cuerpo de concejales, pero no recibieron respuesta. Fue recién tras la acción presentada por el funcionario Luis Báez ante el Ministerio Público, por exposición no consentida de su imagen y vulneración de derechos, que el caso comenzó a tener visibilidad.

Ahora se espera que el Concejo Municipal cumpla con su deber fiscalizador y remita los antecedentes a la Contraloría General de la República, a fin de investigar un posible notable abandono de deberes por parte del alcalde Jaramillo.

Este caso ha generado una fuerte preocupación en la comunidad, que ve en este episodio un inquietante paralelismo con el escándalo de espionaje ocurrido años atrás en la Municipalidad de Independencia, donde el administrador fue destituido tras una investigación por hechos similares.

Mientras avanzan las investigaciones internas y judiciales, funcionarios y exfuncionarios esperan que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables. La confianza en la administración municipal pende de un hilo, y la ciudadanía exige respuestas claras y transparencia en la gestión pública.