Crisis al interior de centro juvenil de Valdivia: funcionarios denuncian ingreso de drogas, armas y agresiones
Funcionarios del IP-IRC de Valdivia, centro perteneciente al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, denunciaron una compleja situación de seguridad al interior del recinto, acusando el ingreso de drogas, teléfonos celulares e incluso armas mediante los llamados “pelotazos”, método utilizado para lanzar objetos desde el exterior hacia el interior de recintos cerrados, generalmente envueltos o preparados para evadir controles.
Según información dada a conocer por el medio "El Mostrador", trabajadores del recinto difundieron un comunicado público donde describen una situación que califican como “insostenible”, advirtiendo sobre graves problemas de seguridad y condiciones que afectarían tanto a funcionarios como a jóvenes privados de libertad.
En el documento, firmado de manera genérica como “Funcionarios IP-IRC Valdivia”, se denuncia el presunto ingreso constante de drogas, teléfonos celulares, municiones y armas a través de estos “pelotazos”, además de episodios vinculados a consumo de alcohol y drogas dentro del centro.
Una fuente interna del servicio, citada por el medio regional, confirmó parte de las situaciones denunciadas, señalando que actualmente existirían problemas asociados a agresiones contra trabajadores, deterioro de infraestructura y falta de dotación de Gendarmería en determinados horarios.
Asimismo, se indicó que el aumento de ingresos de sustancias ilícitas habría provocado incluso intoxicaciones de jóvenes al interior del recinto, situación que en algunos casos obligó a trasladarlos hasta centros asistenciales para recibir atención médica.
Entre los episodios denunciados también se mencionan agresiones físicas contra funcionarios. Según los antecedentes difundidos, un trabajador habría resultado herido con un arma blanca en la zona del cuello, mientras que otros funcionarios sufrieron lesiones producto de empujones y agresiones ocurridas dentro del recinto. Además, hace pocos días, una funcionaria del área de salud habría sido atacada por un interno.
Los trabajadores también cuestionaron las condiciones estructurales y de funcionamiento del centro, denunciando situaciones que afectarían la dignidad de los jóvenes, como falta de condiciones mínimas en algunos espacios, problemas en sectores de segregación y presuntas irregularidades relacionadas con administración de medicamentos.
Frente a estas denuncias, desde la Dirección Regional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil señalaron al citado medio que cualquier situación que pueda afectar la seguridad o los derechos de los adolescentes es abordada “con la máxima seriedad y responsabilidad”. Asimismo, indicaron que existen sumarios administrativos en curso, denuncias presentadas ante el Ministerio Público y medidas destinadas a reforzar controles de ingreso, infraestructura y capacitación de funcionarios.
Finalmente, los funcionarios advirtieron que la situación podría agravarse si no se adoptan medidas urgentes, señalando en el encabezado del comunicado una frase que resume la preocupación existente dentro del recinto: “No queremos esperar una muerte para que el Estado reaccione”.