Contraloría detecta graves observaciones en millonarios convenios entre el GORE Araucanía y Universidad Autónoma
Entre 2021 y 2023, el Gobierno Regional de La Araucanía transfirió $40.604 millones a instituciones de educación superior, de los cuales más de la mitad, $21.804 millones, fueron destinados a la Universidad Autónoma de Chile mediante diez convenios.
Los millonarios traspasos quedaron bajo revisión de la Contraloría General de la República (CGR), luego de que el gobernador regional René Saffirio solicitara fiscalizar los recursos transferidos y la ejecución de los convenios.
La revisión se produjo además en medio de una investigación desarrollada por la Fiscalía Regional de La Araucanía. En torno a esta última existió controversia por la decisión del entonces fiscal regional Roberto Garrido de no inhabilitarse, pese a mantener vínculos laborales con la Universidad Autónoma junto a su cónyuge.
Diez observaciones “altamente complejas”
Al cierre de la auditoría de Contraloría, la Universidad Autónoma había rendido $14.329 millones y mantenía $6.929 millones sin rendir.
De los recursos rendidos, cerca de $6.800 millones, aproximadamente un 47%, permanecían observados, mientras que $155,5 millones habían sido reintegrados.
Contraloría realizó además un examen detallado de 117 partidas por $966,9 millones, seleccionadas mediante criterios de riesgo y cruces de información con el Servicio de Impuestos Internos (SII), Servel y la Dirección del Trabajo.
La revisión derivó en diez observaciones calificadas como “altamente complejas”, la categoría de mayor gravedad utilizada por el organismo fiscalizador.
Entre los antecedentes consignados aparecen proyectos informados como ejecutados y rendidos que, según la auditoría, no se habrían materializado pese a contar con actas de supervisión e informes finales; además de 73 facturas posteriormente anuladas mediante notas de crédito por $127,5 millones, situación que dificultaría verificar el destino efectivo de esos recursos.
El informe también detectó iniciativas millonarias cuyos procesos de aprobación se completaron en menos de seis horas.
Otro de los puntos observados corresponde a $134.168.562 en saldos no rendidos. Según los antecedentes del informe, autoridades y funcionarios de la administración regional de la época, junto al vicerrector de la sede Temuco de la universidad, habrían acordado dar por gestionado su cobro mediante el encargo de las diligencias a una empresa externa.
Antecedentes remitidos por posibles delitos
Debido a la gravedad de los antecedentes recopilados, Contraloría dispuso remitir su informe al Ministerio Público, Consejo de Defensa del Estado (CDE), Servicio de Impuestos Internos (SII) y Cámara de Diputadas y Diputados, al estimar que algunos hechos podrían revestir caracteres de delito.
Tras recibir el informe, el pasado 4 de agosto, el gobernador René Saffirio instruyó dos sumarios administrativos y presentó una denuncia ante el fiscal regional subrogante César Schibar por eventuales delitos de fraude al fisco, negociación incompatible, estafa y lavado de activos.
Denuncia incluye a exautoridades
La denuncia presentada por Saffirio apunta, entre otros, a la Universidad Autónoma de Chile, representada legalmente por su rector, Teodoro Ribera Neumann, y al vicerrector de la sede Temuco, Emilio Guerra Bugueño.
Es importante precisar que la presentación de una denuncia no implica que las personas o instituciones mencionadas sean responsables de los delitos señalados, cuestión que deberá ser determinada por la investigación del Ministerio Público y, eventualmente, por los tribunales.
Entre las exautoridades regionales mencionadas en los antecedentes se encuentran el exgobernador Luciano Rivas, su exjefe de gabinete Juan Pablo Leonelli y las exjefas de división Susan Alarcón y Camila Poff, además de otros funcionarios, excolaboradores y personas cuyos antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía.
El caso abre así una nueva etapa investigativa sobre el destino y correcta rendición de miles de millones de pesos transferidos por el Gobierno Regional de La Araucanía a la Universidad Autónoma durante la administración anterior.
Ahora corresponderá al Ministerio Público determinar si los antecedentes detectados por Contraloría configuran delitos y establecer las eventuales responsabilidades individuales o institucionales que pudieran existir.