Confirman inhabilitación de jueza en Caso Manicure por vínculo familiar con funcionaria del Gobierno Regional de La Araucanía

La Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la inhabilitación de la jueza de Garantía Viviana García Utreras en la denominada arista "Manicure" del Caso Fundaciones, tras acreditarse un vínculo familiar con una funcionaria del Gobierno Regional de La Araucanía.

La resolución fue adoptada por la Primera Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Álvaro Mesa Latorre, Carlos Gutiérrez Zavala y el fiscal judicial Óscar Viñuela Aller, quienes ratificaron la solicitud presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Vínculos que motivaron la recusación

La solicitud de inhabilitación se basó en que la magistrada es prima de Katiuska Retamal Utreras, funcionaria del Gobierno Regional, entidad involucrada directamente en la investigación. Además, se argumentó una relación de cercanía entre ella y Juan Pablo Leonelli Lepín, uno de los principales imputados en la causa por fraude al fisco.

Esta decisión busca evitar cualquier conflicto de interés y garantizar la imparcialidad en un proceso que ha generado amplio interés público.

Consecuencias en la causa judicial

Tras esta confirmación, la jueza García Utreras queda formalmente apartada del caso, lo que permitirá avanzar con mayor claridad hacia la etapa de preparación del juicio oral. En esta arista del Caso Fundaciones, conocida como “Manicure”, hay ocho personas imputadas por presuntas irregularidades en la transferencia de recursos públicos.

Contexto del Caso Manicure

La investigación se centra en el destino de aproximadamente 730 millones de pesos, entregados por el Gobierno Regional de La Araucanía a las fundaciones Folab y Educc. Se indagan posibles irregularidades en los convenios y ejecución de proyectos financiados con estos fondos públicos, los cuales estaban destinados a labores de apoyo social y comunitario.

El avance del proceso es considerado clave para fortalecer la transparencia en la gestión regional y establecer eventuales responsabilidades penales en el marco del uso de recursos estatales.

Las autoridades han reiterado su compromiso con el esclarecimiento de los hechos y han señalado que se mantendrá la vigilancia sobre la evolución de esta causa para garantizar la probidad en el sistema público.