La mañana de este miércoles 28 de mayo se desarrolló una audiencia clave en el futuro judicial del suspendido jefe de Rentas y Patentes de la Municipalidad de Pucón, Juan Antonio Ulloa. La defensa del funcionario solicitó una revisión de medidas cautelares, buscando poner fin al arresto domiciliario total que pesa sobre él desde marzo. Aunque no lograron la libertad total, el tribunal acogió parcialmente la solicitud, decretando arresto domiciliario nocturno, firma tres veces por semana en la comisaría de Pucón y arraigo nacional.
Sin embargo, durante la audiencia salieron a la luz antecedentes que complican aún más el escenario judicial de Ulloa. En el centro del caso está la polémica tramitación de una patente de alcoholes entregada a Andrea Carolina Estrada Moreno, de solo 21 años, hija de Carmen Luz Moreno, exfuncionaria municipal y amiga del imputado. Estrada otorgó un poder notarial a su madre para comercializar la patente, la cual luego fue vendida por $33 millones (de los cuales solo se habrían pagado $7 millones) a Dánica Farfán, excandidata a concejal del partido Demócrata y esposa de Mario Alvear, exconcejal de Quilicura, detenido en 2023 por presunta asociación ilícita.
El fiscal Jorge Calderara, a cargo de la indagatoria, apuntó a documentos supuestamente irregulares usados en el proceso. Entre ellos, un informe favorable de Carabineros fechado el 1 de agosto de 2023, nueve días antes de la solicitud formal de patente realizada el 10 de agosto. Lo mismo ocurre con un informe del Servicio de Salud con fecha idéntica a la de la solicitud, algo que, según el persecutor, no es procedente sin antes realizar una inspección.
Además, se investiga un informe de inspección municipal que habría sido falseado por instrucción directa de Ulloa. "La investigación se basa en estos dos elementos más el informe del inspector municipal que fue falseado por orden del señor Ulloa", declaró Calderara.
El fiscal también expresó su sorpresa ante la falta de querella por parte de la municipalidad, siendo esta la principal entidad perjudicada. “Los antecedentes indican que ellos serían eventualmente perjudicados directa o indirectamente por la acción del imputado; por lo tanto, se espera que próximamente tomen una decisión al respecto”, afirmó.
Por su parte, la defensa de Ulloa, integrada por los abogados Jorge Beltrán y Hernán Valenzuela, valoró la decisión del juez José Luis Maureira, quien consideró la suspensión del sueldo como un argumento relevante. Según Valenzuela, la medida cautelar de arresto total motivó a la municipalidad —liderada por el alcalde Sebastián Álvarez— a suspender el pago de remuneraciones al imputado. Actualmente, existe un recurso de protección en curso para revertir dicha decisión.
Respecto a los documentos cuestionados, Valenzuela afirmó que si el fiscal tiene antecedentes de delitos como falsificación, debe formalizar nuevas investigaciones: “Se tendrán que hacer las denuncias respectivas a ver qué carabinero falseó ese informe y respecto al informe de la visita inspectiva, tomar las medidas necesarias para denunciar”.
El fiscal Calderara ya solicitó una audiencia para ampliar el plazo de investigación, la cual fue fijada para el próximo 28 de junio a las 11:00 horas.
