Caso Convenios: exfuncionario del GORE Araucanía queda en prisión preventiva por presunto “negocio familiar”

El Juzgado de Garantía de Temuco decretó la prisión preventiva para un exfuncionario del Gobierno Regional (GORE) de La Araucanía, formalizado en una de las aristas del denominado Caso Convenios. En tanto, su pareja y su suegra quedaron sujetas a arresto domiciliario y arraigo nacional.

La audiencia de formalización, que se extendió por cerca de 12 horas, permitió al Ministerio Público imputar al acusado al menos diez hechos vinculados a delitos de fraude al Fisco, lavado de activos y otras falsificaciones.

El fiscal de Alta Complejidad de La Araucanía, Raúl Espinoza, explicó que los tres imputados habrían operado bajo un esquema de “negocio familiar” al interior del GORE Araucanía. El principal acusado se desempeñaba en la Dirección de Industria y Fomento (Difoy) durante la administración del exgobernador Luciano Rivas y cumplía funciones de seguimiento en tres convenios suscritos por el Gobierno Regional.

Estos acuerdos correspondían a uno con la Corporación Agencia de Desarrollo Productivo de La Araucanía y dos con la Universidad Autónoma, en los que también habrían participado su conviviente y su suegra. Según el persecutor, todos fueron formalizados como autores de diez delitos de fraude al Fisco, además de lavado de activos y falsificación de documentos.

La investigación sostiene que los imputados habrían creado empresas ficticias para adjudicarse recursos públicos mediante concursos destinados a financiar proyectos privados, simulando operaciones comerciales y compras de equipamiento.

El perjuicio al Gobierno Regional se habría materializado a través de diez proyectos que eran visados por el propio exfuncionario, los cuales contenían documentación falsa. Dos de estos proyectos, por cerca de 45 millones de pesos cada uno, estaban vinculados a la agencia, mientras que los restantes correspondían a la universidad, con montos de 10 y 5 millones de pesos.

Con estos antecedentes, el tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva del exfuncionario. En el caso de las otras imputadas, al no tener la calidad de funcionarias públicas, se decretó arresto domiciliario parcial y arraigo nacional.

Finalmente, se fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación de esta arista del Caso Convenios en la región de La Araucanía.