Alcalde de Río Bueno queda en prisión preventiva por presuntos delitos de corrupción y lavado de activos
El alcalde de Río Bueno, Luis Reyes Álvarez, y el empresario constructor Héctor Meza Hermosilla quedaron en prisión preventiva luego de ser formalizados por presuntos delitos de corrupción vinculados a contrataciones municipales, en una investigación encabezada por la Fiscalía Regional de Los Ríos.
La resolución fue adoptada este miércoles 21 de octubre por el Juzgado de Garantía de Río Bueno, tras tres jornadas de audiencia de formalización y discusión de medidas cautelares, iniciadas el pasado lunes 19 de octubre.
De acuerdo con los antecedentes entregados por el Ministerio Público, la investigación comprende hechos ocurridos entre 2017 y 2022 e involucra a seis imputados, quienes habrían participado en un mecanismo de pagos indebidos destinado a favorecer a determinados proveedores en procesos de contratación municipal, además de operaciones orientadas a ocultar el origen de los recursos.
En este contexto, el jefe comunal fue formalizado por los delitos de cohecho agravado reiterado y lavado de activos, mientras que el empresario enfrentó cargos por soborno reiterado y lavado de activos.
El tribunal acogió la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado, organismo que participa como querellante en la causa, al considerar que la libertad de ambos imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. En el caso del alcalde, también se estimó que su libertad podría afectar el éxito de la investigación.
Respecto de los otros cuatro imputados, vinculados a la administración municipal y a empresas proveedoras, el tribunal decretó medidas cautelares de menor intensidad, entre ellas arraigo nacional, firma periódica y prohibiciones de comunicación.
Finalmente, el Juzgado de Garantía de Río Bueno estableció un plazo de 100 días para el desarrollo de la investigación, período durante el cual el Ministerio Público continuará reuniendo antecedentes para esclarecer los hechos y determinar las eventuales responsabilidades penales.
La causa permanece en etapa investigativa y los imputados mantienen su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme.